México es un paraíso para turismo sexual y trata de personas, alertan

Las autoridades mexicanas desconocen la dimensión real de la trata de personas en este país, que se ha convertido en un "paraíso" para la comisión de estos delitos, dijo este martes la experta Alicia Mesa Bribiesca.

"El problema que tenemos en México es que las autoridades no han detectado el problema. Esto es un indicador de que no están poniendo los ojos. Y no visibilizarlo es no comprometerse con una legislación y una política pública adecuada", explicó la representante del Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas.

"Es más, (México) es un paraíso para el turismo sexual y la trata de personas", agregó esta representante también del Observatorio contra la Trata de Personas en el Distrito Federal, que es parte del Latinoamericano.

La especialista recordó que, según la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía federal), en México hay entre 16.000 a 20.000 personas involucradas en delitos de trata.

"Yo creo que son muchísimos más", aseguró Mesa Bribiesca, quien considera que los datos más duros sobre la situación vienen de fuentes foráneas.

"Por otro lado, más bien a nivel internacional por parte de Naciones Unidas, sabemos que somos el primer país o segundo, competimos con Tailandia, en turismo sexual de niñas, niños y adolescentes", sostuvo.

Mesa Bribiesca participó hoy junto a otros expertos en la presentación del II Informe Respeto de los Derechos Humanos en Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal.

En el acto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que la trata de personas en México podría ser equiparable con el narcotráfico en cuanto a las ganancias que deja.

Víctimas de explotación sexual

Tendencias preocupantes en la capital del país son, según Mesa Bribiesca, que las víctimas de explotación sexual en barrios como La Merced "cada vez son más jóvenes", hasta de 13 años, y que sucumben ante redes de corrupción "que les consiguen credenciales del Instituto Federal Electoral (IFE) para que puedan pasar a los hoteles como adultas", apuntó.

Entre las carencias denunciadas en la urbe están los "atrasos significativos en la detección y persecución" de delincuentes ligados a este delito.

Además, "serias dificultades para analizar de manera consistente la información" sobre trata, asesinatos de mujeres y todo lo relacionado con pornografía, lenocinio, turismo sexual, corrupción de menores y secuestros.

El informe considera que ante el problema, centrar el trabajo solo en legislar es insuficiente, y denuncia que quien cae en las redes de trata para fines sexuales son víctimas "de una nueva esclavitud", y sometidas a menudo a violencia cuyo caso extremo es "el feminicidio".

Para la PGR, donde se encuentra la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), este es "un delito que ha existido muchos años auspiciado por el silencio" en México.

La dependencia destaca que desde 2008 han aumentado las investigaciones en torno a este delito. No obstante, de enero a noviembre de 2011 solo 11 personas fueron encarceladas y 110 víctimas atendidas.

Por estados, los de mayor incidencia de este delito son Baja California, Veracruz, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México.

Fuente: RPP Noticias Internacional

Martes, 24 de Julio 2012  |  4:07 pm

Unas 60.000 mujeres son esclavas sexuales en 8.000 prostíbulos argentinos

El tráfico de personas para su explotación sexual está creciendo "de forma alarmante" en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, "países de origen, captación, destino y tránsito" de las víctimas, que quedan atrapadas en un complejo entramado de redes criminales que recorre varias provincias y países, funcionan con "estructura empresarial" y mantienen sólidos lazos con los poderes públicos.

Estas son algunas de las crudas conclusiones del Encuentro de Diócesis de Frontera celebrado recientemente en Gualeguaychú, con la participación de 60 obispos católicos y 14 representantes laicos de las diócesis. Y así de cruda es la realidad en una Argentina donde la trata de blancas afecta a miles de mujeres de todo el país con la connivencia y participación activa de las instituciones del Estado.

"La mafia atraviesa transversalmente todos los partidos políticos, la justicia y la policía en Argentina", señala Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, una ONG que lucha contra la trata de personas por fines de explotación laboral o sexual. "El crimen organizado incide en todo el aparato estatal, hasta el punto de que hay un miembro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, que está envuelto en una red de proselitismo, así como varios jueces federales. No son casos aislados: es un problema sistémico", afirma Vera.

La mayoría de las víctimas son paraguayas o de provincias del norte y noroeste argentino, como Salta, Tucumán, Corrientes o Misiones; también, en menor medida, vienen de Bolivia, Perú o la República Dominicana. No pocas de ellas son vendidas a Estados Unidos o Europa Occidental, o bien se las destina al turismo sexual, que, según los obispos católicos, continúa creciendo en la Triple Frontera (Brasil, Argentina y Paraguay). En muchos casos, son menores de edad, que, dice Vera, "cotizan mucho más" en este mercado macabro.

Basándose en estimaciones oficiales, la fundación calcula que unas 60.000 mujeres trabajan en más de 8.000 prostíbulos en Argentina. La ley argentina prohíbe los prostíbulos y la prostitución por cuenta ajena, pero es legal por cuenta propia. Sin embargo, explica Vera, la meretriz "independiente" prácticamente ha desaparecido en el país desde que, en los años 90, se inició un proceso para forzar a las prostitutas a insertarse en las redes de proselitismo.

Vera sostiene que el aparato estatal coaccionó a las meretrices, y lo ilustra con el episodio del Loco de la Ruta, en Mar del Plata, a fines de los 90, cuando una veintena de prostitutas fueron asesinadas. Las autoridades policiales reportaron que un individuo las asaltaba en la carretera, pero "la investigación demostró que era la propia policía la que estaba detrás de los crímenes". Se produjo así, cuenta Vera, un "proceso de concentración del negocio en manos de los proxenetas", negocio que se hizo aún más lucrativo cuando se incluyó el narcotráfico en el paquete: "Se obliga a las prostitutas a vender drogas, y muchos prostíbulos se han convertido en puntos de venta de drogas".

El caso Marita Verón

Si autoridades y jueces no están por la labor de erradicar el problema, entonces sólo la presión social puede promover un cambio. Por eso en La Alameda intentan que sus denuncias alcancen repercusión en los medios y lleguen hasta la opinión pública. En los últimos años, la trata de blancas se colocó en la agenda mediática gracias al caso de Marita Verón. Hace una década, Marita fue secuestrada por una red mafiosa en la provincia de Tucumán; su madre, Susana Trimarco, inició entonces una búsqueda incansable, un peregrinaje que la llevó de prostíbulo en prostíbulo y que evidenció la resistencia de policías, gobernadores y jueces a que avanzase en su investigación.

El secuestro es un modo habitual de captación de las víctimas, aunque el más común es el engaño. Una vez captadas, se las lleva lejos de sus casas, quedan endeudadas y son maltratadas hasta quedar sometidas; a menudo, se les ofrecen drogas y terminan haciéndose adictas: eso las hace más manipulables. Cuando son liberadas, su cuadro psíquico es tan complejo que ninguna ONG tiene una estructura capaz de contenerlas. "El Estado se hace cargo, pero una vez pasa el eco mediático del caso, las abandona a su suerte. Tenemos evidencias de que muchas vuelven a ser captadas por las mafias", concluye Vera.

Además de la trata con fines de explotación sexual, los obispos católicos y La Alameda denuncian el crecimiento en la región del tráfico de personas destinado a la esclavitud laboral, la venta de órganos y el robo de bebés.

FUENTE: El mundo.es / América - Argentina

Ofrecen a las prostitutas pasajes para que dejen la provincia

Sucede que rige desde hace 50 días la ley contra la Trata de Personas, que obligó a cerrar a prostíbulos y whiskerías y apunta a combatir los delitos de trata y explotación sexual de mujeres y menores.

A partir de la decisión de prohibir las whisquerías, el gobierno local debe dar respuestas a las mujeres que quedaron en la calle. Así fue que los asistentes sociales les ofrecen un pasaje para regresar a su lugar de origen. En el marco de esta nueva medida, alrededor de 150 prostíbulos fueron cerrados en la provincia de Córdoba y unUn centenar de mujeres se vio en la calle.

Ante el impacto de la noticia, la secretaria de Asistencia y Prevención de Trata de Personas, María Amelia Chiófalo, explicó que “la cuestión es mucho más abarcativa e integral que el pago del pasaje de regreso a los lugares de origen de las víctimas de explotación sexual”. También se les ofrece el traslado a un refugio hasta el retorno a casa.

La funcionaria detalló: “En primer lugar, cuando se produce la clausura de un prostíbulo, se rescata a la víctima, que en muchos casos no se reconoce como tal . Entonces se le da un tratamiento de contención psicológica. Después, se le ofrecen herramientas para sacarla de esa situación de explotación, que puede ser desde un curso de capacitación laboral hasta el acceso a un empleo digno”.

A aquellas que provienen de República Dominicana les propusieron abonarles el vuelo de regreso, según relató María, de 35 años, al diario La Voz. "Yo voy a seguir trabajando. A mi hijo le mando la plata para un colegio privado. Les dije a los psicólogos que necesito un trabajo de tres mil pesos mensuales para dejar de prostituirme. Pero no me ofrecieron nada. ¿Quién va a mantener a mis hijos? Yo no vine a la Argentina por gusto: vine por necesidad", apuntó.

Según los registros oficiales, en la provincia de Córdoba fueron rescatadas 115 mujeres que ejercían la prostitución en prostíbulos y whiskerías de la capital y el interior desde que está vigente la legislación impulsada por el gobernador José de la Sota. Al respecto, la funcionaria declaró: “El ejercicio de la prostitución no es un trabajo, es la degradación de la persona”. "Es un proceso largo. La mayoría de las víctimas no se asume como tal, hay un abordaje para sacar a la luz cómo ingresaron en el circuito, el miedo, la despersonalización", concluyó.

Sin embargo, a pesar de que la normativa tuvo amplio consenso a nivel nacional e incluso fue apoyada fervientemente por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón; los números por ahora no son alentadores. Nadie cree que en una provincia de 3 millones de habitantes haya apenas poco más que un centenar de mujeres explotadas. En el primer megaoperativo, llevado a cabo la misma noche de la promulgación de la ley, fueron rescatadas 93 mujeres, de las cuales 33 eran de otras provincias argentinas y también de Paraguay.

FUENTE: La Razon de Cordoba.