A partir de ello, diversos sectores del Estado deberán adoptar medidas para la prevención y sanción de ese flagelo, así como acciones que garanticen la atención y protección integral de sus víctimas.
"Si bien la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes no constituye una figura penal, en todas sus formas delictivas conexas produce daños en el aspecto físico, psicológico y social; por ello, es necesario una política nacional que la afronte", afirmó Urquizo.
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es la utilización de menores en actos sexuales o eróticos para la satisfacción de los intereses y deseos de una persona o grupos de personas, a cambio de un pago, promesa de pago o cualquier otro tipo de beneficios.
Existen diversos factores que imposibilitan conocer la real magnitud de este flagelo, como por ejemplo, que esta problemática ha sido tradicionalmente relacionada a la prostitución adulta, además se adjudica al cliente un rol de proveedor de "apoyo económico".
Además, existe resistencia por parte de la ciudadanía a denunciar estos hechos, ya sea por miedo, desconfianza en el sistema de justicia o por una actitud de tolerancia social.
Finalmente, el congresista Urquizo informó que es necesario conocer cuál es la cantidad de víctimas y la dinámica en torno a este flagelo, por lo que el proyecto de ley de su autoría dispone la creación de un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual.
Ello con el propósito de contar con información estandarizada y unificada, que permita la formulación de políticas públicas adecuadas para abordar este fenómeno.
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