sábado, 7 de abril de 2012

En Paraguay, software para proteger a denunciantes de trata de niños

En el Perú, la dificultad para identificar y acceder a las victimas quienes, por miedo a represalias, se resisten a interponer denuncias. Tal es así que, a pesar de que la trata es un crimen extendido en el Perú, apenas existen denuncias que lo reflejen en comisarías y juzgados. Además, el vacío penal y desconocimiento generalizado sobre el asunto, provoca que los delitos sean juzgados bajo rubros como proxenetismo, rufianismo o secuestro, entre otros. Fuente: Trata de mujeres para fines sexuales comerciales en el Perú (OIM - Movimiento El Pozo)

En: Diario Ultima Hora (Paraguay). Sábado 07 de abril del 2012

Consiste en un nuevo sistema que implementará el Ministerio Público para las denuncias de trata de niños, con lo que se busca garantizar la confidencialidad.



Las denuncias sobre trata de niños serán recibidas en el sitio web de la Fiscalía, para así garantizar la discreción y protección del denunciante, informó este sábado el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (Inecip), entidad que apoya el proyecto.
Uno de los factores que facilitan la impunidad en estos casos es el miedo a sufrir represalias por parte de los perpetradores, gracias a este software, la denuncia podrá efectuarse con identidad reservada, garantizando así la seguridad.
Igualmente, se pondrán al alcance del público los resultados de las investigaciones, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía y lograr un mayor compromiso de las agencias del Estado ante esta problemática.
El desarrollo de este software cuenta con el respaldo, además, de la ONG Luna Nueva, y es financiedo por la Unión Europea. Forma parte del proyecto "Trata de niños y niñas en Paraguay, prevención, rehabilitación e incidencia sobre las políticas públicas".
Esto no tendrá costo alguno para el Ministerio Público, así también la institución podrá intercambiar información con el denunciante y la unidad de trata de personas.


miércoles, 4 de abril de 2012

La trata de mujeres para fines sexuales comerciales se define como la utilización de mujeres de toda edad
en el comercio sexual; es decir: servicios sexuales, industria del sexo, pornografía, turismo sexual, espectáculos sexuales o actividades similares.
El tratante busca beneficiarse o lucrarse gracias a la utilización sexual ajena, que configura la explotación. No se distingue entre la participación forzada o voluntaria en la prostitución u otras actividades mencionadas por parte de la persona que es objeto de trata, al ser ésta considerada como víctima.  
Fuente:"Trata de mujeres para fines sexuales comerciales en el Perú" de Movimiento El Pozo y OIM.

El caso que puso en agenda el drama de la trata en la Argentina

En Diario El Clarín. Por Sibila Camps


Diez años sin Marita Verón. Su madre la busca desde el 3 de abril de 2002. Su lucha logró la sanción de una ley. Y el rescate de otras 1.250 víctimas.
Tucumán. Enviada Especial - 03/04/12
Hoy a las 9.30, en el primer banco de la sala donde se juzga a 13 acusados de secuestrar y prostituir a María de los Angeles Verón, su madre colocará su retrato. A esa hora se cumplirán diez años de su desaparición y, al mismo tiempo, del comienzo de la lucha infinita de Susana Trimarco, que sacó a la luz la impunidad de las redes de trata y de la explotación sexual. En la audiencia, Susana estará acompañada por dirigentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y de HIJOS. En la noche habrá una marcha desde Tribunales hasta Plaza Independencia.
Marita tenía 23 años y vivía con David Catalán y Micaela, la hija de ambos, de 3 años. Eran una pareja de clase media llena de proyectos, que bregaba por salir adelante en el durísimo año 2002. Tenían decidido postergar un nuevo embarazo, para lo cual la joven había aceptado el ofrecimiento de una vecina enfermera, quien le hizo un contacto con su novio, empleado de la Maternidad de Tucumán, para hacerse colocar un DIU. Le dio un turno, la hizo ir un día antes, y en el camino fue raptada.
La búsqueda de sus padres se convirtió en un rompecabezas desesperante, y más aún cuando descubrieron que había sido capturada por una red de trata para prostitución, con conexiones en Río Gallegos y La Rioja. La mayoría de los obstáculos que los frenaron revelaron las complicidades gracias a las cuales funcionan estas asociaciones ilícitas: en la Policía, en el poder político –autoridades de primera línea del ex gobernador Julio Miranda– y en funcionarios judiciales, en Tucumán y en La Rioja.
Mientras seguía en persona los allanamientos en los burdeles riojanos, Susana rescató a 19 jóvenes; algunas habían visto a Marita y declararán en el juicio contra sus proxenetas y tratantes. La número 20 fue liberada en setiembre en un prostíbulo cordobés, donde se creía podían estar los restos de Marita.
Los tres atentados sufridos en los primeros años no hicieron más que fortalecerla en su decisión de no callar. Cada entrevista en un medio fue también una oportunidad para hablar de la ignominia de la trata, y de la violencia y la humillación que sufren las mujeres prostituidas. Así, en 2007 la secretaria de Estado de los EE.UU., Condoleezza Rice, la distinguió con el premio “Mujeres de Coraje”. Con ese dinero creó ese año la Fundación María de los Angeles, que ya intervino en el rescate de cerca de 50 niñas y mujeres, a quienes brinda también asistencia psicológica y social.
En 2008, la historia de Susana inspiró la telenovela “Vidas robadas” que, protagonizada por Soledad Silveyra, tuvo un alto rating y amplió el grado de conciencia. La presión de las organizaciones civiles y de algunas diputadas ayudaron a que ese año se sancionara la ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Fue un paso importante, porque federalizó el delito. Pero introdujo dos condiciones derivadas de la ignorancia de la problemática: la diferencia entre víctimas menores y mayores de 18 años y, en el caso de las adultas, el requisito de probar que se hallan contra su voluntad. Esto implica desconocer las graves secuelas que padecen las víctimas, para las que aún no hay un plan nacional de asistencia integral; sí está contemplado en la modificación a la ley, que cuenta con media sanción del Senado.
Desde entonces, según el Ministerio de Justicia, han sido rescatadas al menos 1.250 mujeres y niñas, en promedio de 23 a 25 años. Según la fiscalía especializada en trata (UFASE), a fines de 2011 se habían realizado sólo 39 juicios –en su mayoría por explotación sexual– que, según la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), en general habían condenado a los responsables menores de las redes.
El informe de la UFASE alerta sobre el huevo de la serpiente: de los prostíbulos involucrados en esos procesos, sólo el 6% permanece cerrado. En la ciudad de Tucumán, recién hace un mes fueron clausurados 13 burdeles. Miles de prostíbulos siguen abiertos en todo el país, pese a estar prohibidos por ley desde 1937, en una masiva naturalización de la compra de sexo. De allí el lema de las organizaciones: “Sin clientes no hay prostitución, sin prostitución no hay trata”.


Cifras de explotación sexual y laboral en 2012

Según el estudio realizado por Movimiento El Pozo y OIM, se constató que los funcionarios del Estado tienden a confundir la trata de mujeres para fines sexuales comerciales con la prostitución. Esto es comprensible puesto que en ocasiones la línea divisoria entre una y otra no es fácil de verse, sin embargo, supone un problema en cuanto al entendimiento y abordaje de la problemática. Es por esto que noticias como la que presentamos nos animan para seguir trabajando en colaboración con la policía.

Desde: Andina
Capacitarán a policías para combatir esclavitud del siglo XXI
El 95% de víctimas de explotación sexual y laboral en el Perú son mujeres

Lima, abr. 02 (ANDINA). En el primer trimestre de este año se reportaron 120 víctimas de explotación sexual y laboral en el Perú, de las cuales 117 (94.74%) son mujeres, 18 de ellas menores de edad, según cifras del Registro y Estadística del delito de Trata de Personas de la Policía Nacional (RETA-PNP).
En el mismo período la PNP registró 46 denuncias sobre trata de personas en todo el país, siendo Lima y Arequipa los departamentos con el mayor número de casos: 37 en la capital y seis en la localidad sureña.
De acuerdo al RETA-PNP la mayor incidencia de este delito es el aprovechamiento de las mujeres para obligarlas a prostituirse.

Sin embargo, la cantidad de casos denunciados no reflejarían la realidad del Perú, dado que miles de personas son captadas con engaños para realizar trabajos forzados y mal recompensados. O son obligados a prostituirse.
Las mujeres y hombres atraídos por organizaciones dedicadas a la explotación no solo obligan a sus víctimas a realizar labores inhumanas durante largas horas sino también las persuaden a guardar silencio bajo amenazas, aprovechando su natural temor.

En su búsqueda por combatir de manera más efectiva este delito, el Ministerio del Interior, a través de una comisión especializada encabezada por Alejandro Delgado Gutiérrez, secretario permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, brindará capacitación y herramientas a policías de la región Ayacucho para enfrentar esta problemática.
Del mismo modo, promoverá las redes descentralizadas contra la trata de personas, esperando establecer la novena oficina regional para sumarla a las que ya existen en Tumbes, Cajamarca, Loreto, San Martin, Madre de Dios, Ucayali, Piura y Arequipa.

Al respecto, Delgado Gutiérrez dijo que “es una preocupación del grupo multisectorial impulsar más redes regionales que combatan este delito, reconocido a nivel mundial como la esclavitud del siglo XXI".
Adelantó que luego de las reuniones que se llevarán a cado los días 9 y 12 de abril en las provincias de San Miguel y Huamanga para validar la propuesta del Plan Regional de Ayacucho contra la Trata de Personas 2012-2016, la comisión viajará la ciudad de Iquitos, en Loreto, para promover el trabajo que vienen realizando para erradicar esta cruel actividad.
Las víctimas suelen ser personas de bajos recursos económicos, tanto de las zonas alejadas de la capital como del interior del país, dijo.

Recordó que la Policía Nacional tiene un canal de denuncias contra la trata de personas: la línea telefónica gratuita 0800-23232, a la que cualquier ciudadano puede llamar para informar si conoce o es víctima de explotación sexual o laboral.
“Los denunciantes tendrán la seguridad de que se protegerá su identidad. Por esta vía también se absolverán las dudas y consultas de la población sobre este tema”, anotó.
(FIN) NDP/LZD