sábado, 7 de abril de 2012

Voluntad política de la municipalidad de Paraná para Ley Nacional de Trata

En el Perú, la prostitución no es delito. El Código Penal fue modificado en junio de 2004 a través de la Ley Nº 28251 sancionando a la trata de manera explícita:
Trata de personas 
“ El que promueve o facilita la captación para la salida o entrada del país o el traslado dentro del territorio de la República de una persona para que ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual, pornografía u otras formas de explotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de doce años. La pena será no menor de diez años ni mayor de doce años, si media alguna de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo anterior”. Fuente: Trata de mujeres para fines sexuales comerciales en el Perú (OIM - Movimiento El Pozo).


DESDE RED DE ALERTA RESALTARON LA “VOLUNTAD POLITICA” DEL EJECUTIVO DE ADHERIR A LA LEY NACIONAL DE TRATA

PARANÁ, 07 ABR (APF Digital

– La presidenta de la Asociación Civil Red de Alerta (Entre Ríos, Argentina), Silvina Calveyra, resaltó la “voluntad política” del Ejecutivo municipal por el proyecto de adhesión a la ley nacional contra la trata de personas • Hay que trabajar “coordinadamente con los municipios porque sino los prostíbulos cierran en un lugar y abren en otro”, consideró.

“Paraná analiza adherir a la ley de Trata de Personas que está en el marco de la ordenanza 8955 de la cuál venimos participando, dentro de las propuestas está la adhesión a la ley nacional y de la ley provincial”, informó Calveyra.
Luego detalló que a nivel local, el Ejecutivo está buscando modificar una ordenanza, “hay un proyecto que va a presentar la intendenta (Blanca Osuna) para modificar un artículo que habla de la estipulación de plazos para el cierre de los prostíbulos y la propuesta del Ejecutivo es que no existan plazos, sino que si están fuera de la normativa vigente, directamente se clausuren y que haya sanciones a los dueños de los locales”.
En este sentido adelantó que las sanciones, pueden ir “desde una multa hasta la inhabilitación para ejercer el comercio y en esto la propuesta desde la Red de Alerta es trabajar con la provincia y enmarcando los municipios”, agregó.
“Hay que convocar a los intendentes por el hecho de que si cerramos en un lugar, después se trasladan a otros, entonces hay que tener una política provincial y aplicarla en conjunto”, consideró la presidenta de Red de Alerta.

Turismo

Consultada por cómo se está abordando la problemática en la cuestión del turismo, Calveyra recordó que se está trabajando “a nivel de protocolo provincial y más que nada en lo que hace a campañas de prevención, realizadas en las ciudades turísticas para concienciar a la población, de que si visibilizan algún caso o cuestión del ejercicio de la prostitución, lleven adelante la denuncia porque en algunos casos hasta está naturalizada esta cuestión”.
“Tenemos normas y distintas herramientas legales pero es fundamental lo que es la voluntad política manifiesta de poder adherir a esta ley y ponerla en práctica”, añadió.
Sin embargo, Calveyra indicó a esta Agencia que “tenemos decretos que prohíben el rubro 59 y también vemos que siguen saliendo avisos en distintos medios gráficos”.
“Tenemos el decreto de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de los colectivos de difundir en las distintas empresas de transporte un video, que habla de la prevención y que los pasajes debían contener un mensaje en contra del trabajo esclavo, eso no se lleva adelante y también lo que hace el control a la hora de abordar un colectivo”, manifestó.
“Hay una cantidad de normas de control que se podrían estar implementando y no se hacen”, dijo Calveyra al tiempo que acotó: “Pero en esto de adherir a la ley nacional hay una voluntad política manifiesta”.
En tanto, según se pudo saber, en la próxima sesión del Concejo Deliberante de Paraná se promoverá la adhesión del municipio paranaense a la Ley Nacional 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Derechos Humanos, Salud y Educación. (APF.Digital)

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